Mujeres en los espacios políticos con una agenda concertada en el marco de la Autonomía Regional1

MSp. Alta Hooker Blandford2

Muy buenas tardes

Es oportuno comenzar este encuentro haciendo un reconocimiento a las mujeres que hemos logrado profundas transformaciones en el mundo público. Estas innovaciones han abarcado, entre otros aspectos, los cambios en el mundo del trabajo, los logros educativos, las bajas notables de la fecundidad femenina, las consecuentes modificaciones de las relaciones familiares y el progreso, importante aunque insuficiente, en materia de acceso a la toma de decisiones.

En este sentido, también es importante crear este espacio de reflexión a 25 años de aprobado el Estatuto de Autonomía de las dos Regiones de la Costa Atlántica de nuestro país. El cual se nutre básica-mente del avance internacional teórico y práctico de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente el derecho a la libre determinación. Además, sienta las bases para avanzar hacia el establecimiento de un Estado verdaderamente multiétnico, pluricultural y multilingüe.

Especialmente, quisiera que esta reflexión se enmarcara en el Artículo 25 inciso 14 del Estatuto, el que plantea:

Promover la integración, desarrollo y participación de la mujer en todos los aspectos de la vida política, social, cultural y económica de la región.

No podemos negar que los cambios legislativos han dado origen a oportunidades y desafíos, especialmente en lo que se refiere al ejercicio real e integral de los derechos humanos de las mujeres. La participación política de las mujeres ha mostrado un incremento en los últimos años, aunque se mantiene un déficit significativo de mujeres en cargos políticos, incluidos los del poder local.

Una de las mayores ganancias ha sido el considerable desarrollo de experiencias institucionales, políticas públicas e instrumentos de transversalización de la perspectiva intercultural de género y de participación de la sociedad civil que, en el caso de las políticas públicas de género, constituyen la principal promotora de los cambios y de su permanencia en el tiempo. Uno de los ejemplos más notables es el de la generalización de las políticas destinadas a combatir la violencia doméstica.

Lo que muestra el camino que han seguido las políticas de género: visibilidad lograda mediante la acción del movimiento de las mujeres, elaboración conceptual y metodológica, construcción de argumentos, paso de la agenda social a la agenda política, reforma de marcos jurídicos, desarrollo institucional, adopción por parte de la opinión pública y puesta en práctica de estrategias que busquen atención y cambios.

No hay duda de que se han logrado importantes avances y se ha comprobado sobradamente que su educación tiene un efecto positivo sobre la reducción de la pobreza, el descenso de la mortalidad materna e infantil, y la ampliación del acceso de las mujeres al mundo laboral y político. Sin embargo, los desafíos que esto implica son variados aun mas si tomamos de referencia lo expresado por un costeño: “tenemos veinticinco años de institucionalidad autonómica, pero esos veinticinco años no han sido placenteros para la gente de la Costa”

La percepción generalizada, es que hay una brecha considerable entre el marco legal y su implementación, no existe voluntad política para transformarlas en realidades, con lo cual se re-fuerza el racismo, la discriminación estructural, ya que el Estado mantiene la ilusión de que apoya el carácter multiétnico del Estado, pero no respe-ta el marco legal, ni da los pasos para proteger y desarrollar un nuevo modelo de Estado.

Los esfuerzos por mejorar la representación política son notables pero aún son escasas las acciones por una implementación efectiva de los modelos propios como el de salud, educación, de-recho ancestral, las condiciones al acceso al sistema financiero de mujeres, la tenencia de la tierra, que nos puedan permitir una mayor participación y construir la unidad para el abordaje intercultural del desarrollo con identidad.

No menos importante es considerar y volver la mirada a las comunidades en el tema electoral, donde la ley viola el espíritu de unidad, de distribución y representación étnica de cada pueblo que habita en la región para atender sus necesidades históricamente relegadas.

Si bien es cierto se han construido espacios de igualdad aun coexisten viejas prácticas familiares, sociales e institucionales discriminatorias. Por tanto otro desafío importante es la construcción institucional y la erradicación de prejuicios y estereotipos que impiden la adecuada aplicación de la ley.

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